El estado de nuestro Sistema Sanitario ¿Es la hora del Copago?

Publicado en por Carmelo Torres

Quienes creen en un sistema sanitario público no pueden cerrar los ojos ante su evidente deterioro, que podría ser aún mayor si no se hubiera producido la autoexpulsión de muchos ciudadanos, cuya capacidad económica les permite contratar seguros privados con los que contrarrestan las carencias, demoras e inconvenientes que presentan algunos niveles de la atención sanitaria pública. Los Decretos que están apareciendo estos meses pasados en los Boletines Oficiales, garantizando el derecho a recibir asistencia sanitaria en un tiempo máximo, no son sino la viva demostración de la saturación del sistema, una prueba de la existencia de abultadas listas de espera, impensables en otro tiempo.

Hace falta honestidad y valentía para reflexionar en voz alta sobre los problemas de acceso a los servicios sanitarios y las alternativas de financiación de los mismos, que, aunque impopulares y electoralmente poco rentables, deben ser abordadas cuanto antes, a no ser que prefiera practicar la política del avestruz, empujando a miles de ciudadanos a recurrir a la sanidad privada en la que medida en que su economía se lo permita.

En este sentido, pueden destacarse las consideraciones que ha realizado Antonio Ojeda Avilés, tanto en artículos periodísticos como en revistas especializadas. El último escrito que hemos podido leer de este Catedrático de la Universidad de Sevilla aborda el tema con realismo, frente a la mucha demagogia que existe sobre la fórmula del copago. Con toda la crudeza, en un artículo titulado “La Seguridad Social y su futuro: ¿Ajuste o reconversión?” (Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 59, dic.-2005), Antonio Ojeda nos da cuenta de las demasías propias de nación opulenta en las que estamos incurriendo. Dice este autor que nos complace ser hidalgos y generosos a expensas del patrimonio de la Seguridad Social por la vía de adoptar soluciones radicales que nadie en Europa comparte.

Centrado en el tema de las prestaciones médicas, señala Antonio Ojeda (pág. 26 de la Revista citada) que el gasto sanitario se encuentra por las nubes, tanto en la vertiente farmacéutica como en la médica (es cierto también, añadimos nosotros, que en estos últimos años se están haciendo esfuerzos con resultados en la línea de contención del gasto farmacéutico). Sigue diciendo que, aunque la Sanidad detenta Sistema y legislación propios, y depende de un Ministerio distinto, atiende a una de las contingencias más importantes de la Seguridad Social y es visualizada por el gran público como parte de ésta. Paradójicamente, afirma el autor citado, se adopta ante sus dos vertientes una postura diametralmente opuesta en cuanto al copago, pues mientras que respecto a la atención farmacéutica se comprende y no se critica en absoluto, todo el mundo se rasga las vestiduras ante la mera posibilidad de implantar el copago en la atención médica y hospitalaria.

Creemos que somos capaces de asumir que el copago es una fórmula para la sostenibilidad y mejora de las prestaciones sanitarias. En España, la conciencia sobre el problema y sus soluciones no debe ser muy distinta a la de los demás países de la Unión Europea, donde se ha regulado la participación del beneficiario en la financiación directa de estos servicios. Entre ellos, como dice Antonio Ojeda, se hallan algunos tan significativos como Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Austria, Portugal, Finlandia y Suecia, en los que la participación se ha concebido como una fórmula para racionalizar el sistema, mejorando su financiación, ya se aplique a la medicina ambulatoria o a la hospitalaria.

Dice Antonio Ojeda, con razón, que no debe asustarnos implantar el copago en España, tanto para mejorar el servicio, como para lograr el equilibrio financiero. En esta dirección sugiere que una participación mínima de un euro, o quizá proporcional en función de los ingresos ahuyentaría a los falsos enfermos que, como los falsos autónomos en el Derecho del Trabajo, oscurecen la visión y dificultan el diagnóstico.

El copago no ha de estar reñido con los mandatos constitucionales. La Constitución de 1978 dispone en su artículo 41 que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad; a lo anterior se suma el artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. En congruencia con lo anterior el artículo 38.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social incluye dentro de la acción protectora del ámbito de la Seguridad Social «la asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo». Por su parte, la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril) dispone que la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española y prescribe que el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva. La Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, recoge entre sus principios informadores el de aseguramiento universal y público por parte del Estado y la prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad efectiva y calidad, evitando especialmente toda discriminación entre mujeres y hombres en las actuaciones sanitarias. También la prestación de una atención integral a la salud, comprensiva tanto de su promoción como de la prevención de enfermedades, de la asistencia y de la rehabilitación, procurando un alto nivel de calidad y la financiación pública del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con el vigente sistema de financiación autonómica.

Es ahora, en una situación de crisis económica, donde los recursos públicos son escasos para atender tantos frentes, y una vez abiertas las negociaciones del sistema de financiación autonómico, cuando urge reflexionar sobre si el copago u otras fórmulas alternativas de refinanciación deben introducirse en el sistema, antes de que éste acabe deteriorándose, convirtiendo en espejismos los derechos otorgados por la Constitución y las Leyes citadas.

Fuente: Liberlex


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